La Secretaría de la Función Pública publicó y puso en operación cuatro de las medidas encomendadas por el Presidente de la República para prevenir la corrupción y evitar conflictos de interés.
La primera es la aplicación de nuevas reglas para la declaración patrimonial del presidente de la República, secretarios de Estado, Procuradora General de la República, el Consejero Jurídico, titulares de entidades paraestatales y de órganos desconcentrados.
“Todos los funcionarios, estarán obligados a reportar el nombre del último vendedor de los inmuebles que declaren, lo que también aplicará en su caso, al cónyuge o dependientes económicos de los funcionarios” menciona el documento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Este formato estará disponible a partir del 1 de mayo, con el fin que todos los servidores públicos cumplan con su obligación a más tardar el 31 del mismo mes, a través del sistema Declaranet.
La segunda medida es un protocolo que los servidores públicos deberán seguir para las contrataciones públicas. Se reglamenta qué deben hacer los funcionarios cuando establezcan contacto con particulares en el otorgamiento y prórrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, incluyendo las transacciones comerciales internacionales. ”
Se creó el Registro de Servidores Públicos que intervienen en contrataciones que se difundirá a través de un portal electrónico. La información registrada por las dependencias en esta herramienta corresponde al periodo del 1 al 15 de abril y se actualizará quincenalmente. A la fecha, están registrados 16 mil 109 servidores públicos adscritos a 261 instituciones.
Por último, se actualizó y se mejoró el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, referente a personas físicas y morales sancionadas por la Secretaría y por los Órganos Internos de Control de cada dependencia entre el 14 de octubre de 2004 y el 27 de abril de 2015. El total de proveedores sancionados asciende a mil 504.
Estas son las primera cuatro de ocho medidas que la Secretaría de la Función Pública publicará para evitar los conflictos de interés.
