El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual rige las acciones del gobierno de Felipe Calderón, señala que “salvaguardar la integridad del territorio y preservar la soberanía de la nación es objetivo y obligación irrenunciable del Estado mexicano“.
“Las fronteras, mares y costas del país no deben ser una ruta para la acción de los criminales. No se debe permitir que el territorio nacional sea utilizado para consumar acciones que atentan contra la vida, la salud, la integridad física y el patrimonio de los mexicanos”, indica el documento.
En tanto, la Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 89, fracción X, señala que el titular del Ejecutivo debe observar los principio de la autodeterminación y la no intervención.
Sin embargo, desde el año 2009, el Departamento de Justicia y la Oficina de Control, Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos decidió facilitar el contrabando de armas ilegales de alto impacto a territorio mexicano para, según ellos, realizar un seguimiento a las cabezas de los grupos de tráfico de armas intrafronterizos.
El operativo Rápido y furioso estuvo en marcha entre noviembre de 2009 y enero de 2011, y permitió que cientos de armas llegaran a manos del crimen organizado. La idea era que una vez que éstas arribaran a México, se pudieran rastrear hasta el comprador final y así eliminar la red de contrabando entera.
En los últimos meses, se ha revelado desde distintas esferas políticas en Estados Unidos, que el plan ha sido un “fracaso total”. El escándalo estalló con el asesinato de Brian Terry, agente de la patrulla fronteriza, quien falleció en 2010 por un arma adquirida por una persona que contrabandeó otras 575 a México. Incluso, hoy se sabe que algunas armas llegaron al cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más grandes del país.
Al día de hoy existe un balance del operativo Rápido y furioso de más de 2 mil armas traídas a territorio mexicano (incluidos fusiles AK-47 y 30 rifles de guerra .50). De estas, más de mil 400 permanecen totalmente desaparecidas en medio de la guerra del gobierno de Calderón contra el narco, y otras 122 se han identificado en delitos dentro del territorio nacional.
Ante ello, la administración de Calderón, ha incurrido en la equivocada y abierta subordinación a los Estados Unidos. Rápido y furioso ha puesto al descubierto a las autoridades quienes han enmudecido o, en el mejor de los casos, han actuado con tibieza y e indecisión.
Ni siquiera con la exigencia del Congreso de la Unión el gobierno federal ha dado explicaciones. Felipe Calderón y los funcionarios con competencia en la materia, cono los titulares de la PGR, la SRE o la Segob, siguen a la espera del resultado de las pesquisas.
Organizaciones no gubernamentales como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han señalado que la injerencia de Estados Unidos en el combate a los grupos de narcotraficantes, al realizar operaciones en territorio nacional e incluso operar desde bases militares de México, demuestra la falta de firmeza del gobierno de Felipe Calderón para defender la soberanía nacional y que los intereses en materia de seguridad de Washington privan sobre los del país.
De hecho, para el experimentado constitucionalista, ministro en retiro y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juventino Castro y Castro, resulta deplorable la actitud de Felipe Calderón Hinojosa porque no cumple con la defensa irrestricta del interés nacional.
A la luz de Rápido y furioso, o mejor dicho bajo el velo de la oscuridad, el gobierno federal ha demostrado cuánto adoptó la agenda de EU y cómo Calderón se olvidó de las preocupaciones de los mexicanos. Ésta es la prueba fehaciente de que el presidente renunció a la autonomía en materia de política exterior y cedió soberanía en áreas estratégicas de inteligencia y seguridad nacionales.
Además de la fallida cruzada contra el crimen, la pérdida de la soberanía nacional es otra de las deshonrosas herencias de quien olvidó la promesa de ser el presidente del empleo para convertirse en el comandante supremo del sexenio de la muerte.
