El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de haber incurrido en un financiamiento paralelo con recursos ilícitos, confirmó que los gastos erogados por el PRI a través de las tarjetas Monex deben ser contabilizados como gastos de campaña.
El Tribunal ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar el destino de 6.8 millones de pesos que clasificó como gastos ordinarios.
En su dictamen el Pleno de la Sala Superior validó el esquema de contratación que el PRI realizó con la empresa Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V. para el pago del personal de dicho instituto político, así como de sus coordinadores territoriales, representantes generales, enlaces distritales y estatales, durante el proceso electoral federal de la pasada elección presidencial.
El magistrado Flavio Galván Rivera sostuvo que los informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Fiscalización del entonces IFE, permiten acreditar que los 66 millones de pesos tuvieron un origen y un destino lícito, ya que se utilizaron para pagar los servicios del personal contratado durante el proceso electoral.
No hubo financiamiento paralelo en campaña de Peña
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que no existió financiamiento paralelo a la campaña de la coalición “Compromiso por México”.
Durante la madrugada, la sala superior también determinó que no existe ningún elemento que acredite que hubo compra y coacción del voto con los denominados monederos Monex durante la campaña de Enrique Peña Nieto.
Fuente: La Jornada
